La incandescencia de la verdad: Cinco reflexiones a 5 años del Informe final de la CVR

La verdad es tan incandescente como luz,
¿Para quién debe serlo,
Para sí misma?
No, para la falsedad.

1. La conformación de la CVR expresó un importante consenso nacional logrado en medio de la transición democrática y la necesidad de crear las condiciones para una recuperación moral del país que coincide con sus similares surgidas al retornar de largas dictaduras que quebraron las democracias y fracturaron sus sociedades. Que hubo y se manifestaron sectores opuestos a su creación y labor es también parte de la verdad, que estos provienen mayormente de los sectores con responsabilidad política y complicidad ideológica con los hechos de violencia, es una absoluta certidumbre.


2. El trabajo realizado por la CVC congregó a un conjunto de personalidades que desde posiciones plurales concurrieron para demostrar de que la verdad era posible y necesaria de develarse como condición para la reconciliación que no debería confundirse ni con olvido ni perdón. Qué no estuvieron absolutamente todos los sectores políticos sin excepción es también cierto sin embargo, el nivel de representación de los comisionados garantizó su funcionamiento y el cumplimiento de su misión siendo fundamental reconocer que su mandato proviene no del Estado sino de la sociedad, lo cual ha sido puesto en cuestión al negarse el carácter vinculante que hoy reclaman sus detractores.


3. Su trabajo fue ponderado y científico, sustentado en un enorme trabajo de campo que tuvo que recurrir no sólo a la experiencia de comisiones similares en el mundo, sino también a los recursos desarrollados a partir de lo más avanzado en investigación jurídica y social. Que las condiciones para el cumplimiento de su trabajo haya conducido a señalar limitaciones por no recoger la totalidad de situaciones de violencia producidas, o respecto a profundizar algunas de ellas hasta el nivel de señalamiento de responsabilidad que devenga en acción judicializada, son comprensibles, pero de allí a poner en cuestión las escalofriantes cifras de la violencia y otras observaciones antojadizas, no restan calidad y pertinencia a estos datos y las pruebas reunidas como soporte de sus conclusiones, teniendo la CVR como agravante que esta además enfrentó la resistencia de las instituciones involucradas para proporcionar información, la que hasta hoy es deliberadamente ocultada o negada, o el hecho objetivo que hubo una sistemática destrucción de estas como parte del conflicto.


4. Los miles de testimonios recogidos, pruebas de antropología forense, e investigaciones de todo tipo son prueba suficiente de que la violencia existió y dejo sus huellas indelebles, que esta afectó a miles de peruanos y los sigue afectando en sus consecuencias, y de la reconstrucción de los hechos de violencia se puede colegir que los autores de la violencia no provienen sólo de las filas del terrorismo que merece la más enérgica repulsa, siendo lo más grave que el Estado Peruano haya desarrollado –como una forma de enfrentar la subversión- prácticas generalizadas y sistemáticas de violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser juzgadas y sancionadas en el Perú y el mundo en virtud a la internacionalización de la justicia, las que no pueden ser rebajadas a excesos individuales de algunos miembros de las fuerzas armadas, sujetas a mandato u obediencia, o desplegadas en el marco de la guerra, o peor, sujetas a supuestas “leyes de la guerra”, las que son imposibles de acatar por instituciones que forman parte de un Estado de Derecho y su mandato constitucional.


5. Que la CVR a cinco años de su informe no puede evidenciar los signos tangibles de que el Estado ha asumido, con entereza y convicción, las recomendaciones que hizo en su momento, por ejemplo, respecto al tema de las reparaciones o los juicios a los responsables de violaciones de Derechos Humanos. Esta constituye una responsabilidad política tanto del Gobierno de Alejandro Toledo y en particular del actual desde el cual se ha recibido no sólo silencio sino un elocuente desconocimiento de sus alcances, lo cual se traduce en más de una señal incontrovertible de la voluntad oficial por negar y resistirse a asumir sus responsabilidades, y lo que es mucho más peligroso, la de personajes oscuros ligados al gobierno aprista, y aliados tácitos por fuera del mismo (entre ellos a una cuestionada autoridad eclesial y ex militares en carrera política, y por supuesto el fujimorismo oficial) cuya actitud deliberada a desconocer y rechazar el informe de la CVR es públicamente conocida.
   
   A Cinco años de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el balance pareciera no ser muy alentador, pero la esperanza de alcanzar justicia y verdad es todavía una promesa de la democracia, que se convierte en tarea fundamental de la sociedad y la ciudadanía, para lo cual la primera condición es que esta pueda ser (en medio de la campaña en contra de la CVR) adecuadamente informada. La difusión de este informe es en este sentido fundamental para que la verdad se abra paso.
   
   

GDLP

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